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 PLD Danilo Medina
 PRD Hipólito Mejía
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 FA Izquierda Julián Serulle
 APD Max Puig
 UDC Luis El Gallo
 AP Guillermo Moreno

    
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RECURSO DE AMPARO

 

Fundación de Solidaridad contra los Crímenes, la Corrupción y la Impunidad, Inc.

 

Pedro Enrique Ureña No 87 La Esperilla, Gazcue, D. N.
TEL. 809-221-4699

 

Al : Magistrado Juez Presidente de la Cámara
de lo Civil y Comercial del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional
en atribuciones de Juez de Amparo;

Asunto : Recurso Constitucional de Amparo en entrega de
Indemnización.

 

Recurrente : Licenciado Nemen Y. Nader Rodríguez en
Representación de la Fundación Comité de
Solidaridad Contra los Crímenes, la
Corrupción y la Impunidad

 

Abogados : LICDOS. RUBEN I. PUNTIER, YONI ROBERTO
CARPIO, ERNAN SANTANA, FRANCISCA
HERNANDEZ DIAZ DE CASTILLO Y JUAN A.
HERNANDEZ DIAZ;

 

Recurrido : HONORABLES: SEÑOR DOCTOR LEONEL
FERNANDEZ REYNA, PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA DOMINICANA, SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA, MINISTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS, JEFE DE LA POLICIA NACIONAL, JEFE DE LA MARINA DE GUERRA, JEFE DEL EJERCITO NACIONAL, JEFE DE LA FUERZA AEREA, SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SEÑOR PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD QUE TENGA COMPETENCIA EN EL ASUNTO.

El señor Nemen Nader Rodríguez, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral 001-1014507-5, con domicilio y residencia en esta Ciudad en función de Presidente de la Fundación Comité de Solidaridad Contra los Crímenes la Corrupción y la Impunidad, (CSCCI), organizada y acogida bajo la Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario, de fecha 8 de Abril del año 2005, Mediante resolución de la PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA No.0062 de fecha 15 de Octubre del 2007, con su domicilio en el No.87 de la Ave. Pedro Henríquez Ureña, Sector de Gazcue, Distrito Nacional, debidamente representado y por conducto de los licenciados RUBEN I, PUNTIER, YONI ROBERTO CARPIO, ERNAN SANTANA, FRANCISCA HERNANDEZ DE CASTILLO y JUAN A. HERNANDEZ DIAZ, dominicanos, mayores de edad, solteros, abogados de los tribunales de la Republica, portadores de las Cedulas de Identidad y Electoral Números: 001-1147798-0, 001-0636697-4, 001-0017504-1 001-0143865-3 y 001-0114696-7, con Oficinas instaladas en la Calle Pedro Enriques Ureña No 87 Barrio La Esperilla, Gazcue, Distrito Nacional, Santo Domingo, Republica Dominicana. Lugar donde mi requeriente hace formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales, por este medio tiene a bien exponeros lo siguiente:

 

MOTIVOS PARA SOLICITAR EL AMPARO

 

El presente Amparo tiene como objetivo que por disposición judicial se proceda a ordenar por Sentencia un aumento salarial a favor de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, toda vez que el salario mínimo de los efectivos corresponde a la suma de RD$4,000.00. Como es bien sabido con RD $4,000.00 pesos mensuales no se puede mantener una persona, mucho menos una familia, por lo que con tal salario se violentan los derechos fundamentales de éstas personas, tales como el derecho a un salario justo y derecho a poder disfrutar dignamente de la vida. Que tal situación ha sido causa de que muchas de éstas personas, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que se juegan a diario la vida para el mantenimiento de la paz y el orden público, para poder sobrevivir tengan que recurrir al macuteo, mendicidad y la delincuencia, POR LO QUE, LA FUNDACION CONTRA EL CRIMEN Y LA IMPUNIDAD, analizando esta realidad y la incapacidad real de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de poder divulgar, reclamar y airear su situación interna nos coloca como ciudadanos en la obligación de buscarle una solución a esta realidad que vulnera derechos fundamentales y que su inobservancia ha provocado que se fomente el desarrollo de la delincuencia dentro de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y a la vez del pluriempleo como mecanismo de subsistencia en deterioro del nivel de seguridad exigido por la sociedad dominicana.

 

EXPOSICION DE LOS HECHOS:

ATENDIDO: A que el suscrito Nemen Nader Rodríguez, como presidente y representante de de la Fundación Comité de Solidaridad Contra los Crímenes la Corrupción y la Impunidad, (CSCCI), TIENE A BIEN EXPONEROS LO SIGUIENTE: “Que, en fecha once (11) de Mayo del año Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989) se realizo UN AUMENTO SALARIAL para todos los ciudadanos dominicanos, realizando una injusticia y la violación de los derechos humanos de una cantidad de ciudadanos (QUE PASAN DE 50 MIL) que fueron excluidos en violación del derecho de igualdad existente para todos los Dominicanos y dominicanas, sin discriminación, religiosa, política, sexo o color de la piel. Para casi Treinta y Cinco mil miembros (35,000) de la Policía Nacional y Politur, unos Veintisiete mil (27,000) miembros del Ejercito Nacional, unos Dieciocho mil (18,000) miembros de la Marina de Guerra, unos Ocho mil (8,000) miembros de la Fueraza Aérea Dominicana, quienes en un acto de discriminación se le negó el aumento salarial que fue aumentado a Ocho mil (RD $8,000.00) pesos dominicanos, negándole a estos ciudadanos que son los verdaderos guardianes de la Paz, La Tranquilidad, la Seguridad y la Democracia que vive el país, además de ser los responsable de hacer cumplir las leyes de la República Dominicana.

 

ATENDIDO: A que es pertinente que le sea inmediatamente aumentado el salario de RD $4,600.00 pesos que ganan los Alistados, Asimilados, Cabos, Sargentos que prestan servicios cumpliendo horarios irregulares que pasan de los horarios establecidos para los trabajadores por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los horarios establecidos por las Leyes sobre el trabajo para los trabajadores de la Republica Dominicana. Y a la vez se cumpla con la ESCALAFON SALARIAL interna de las Fuerzas Armadas y la Policía nacional.

 

ATENDIDO: A que ciertamente cuando nuestro representado solicita un justo AUMENTO SALARIAL para casi Treinta y Cinco mil miembros (35,000) de la Policía Nacional y Politur, unos Veintisiete mil (27,000) miembros del Ejercito Nacional, unos Dieciocho mil (18,000) miembros de la Marina de Guerra, unos Ocho mil (8,000) miembros de la Fuerza Aérea Dominicana, quienes pueden usar en cualquier momento el salario que ganan como excusa para cualquier error que puedan cometer para obtener algunos beneficios económicos o materiales para poder completar los grandes gastos en que incurren para poder sobrevivir con el misero salario de RD $4,600.00 pesos que ganan y reciben los Alistados, Asimilados, Cabos y Sargentos que prestan servicios en las diferentes instituciones dedicadas a la protección de la ciudadanía, a combatir el crimen, los robos y el saqueo y la inseguridad que en estos momentos vive la ciudadanía.

 

EN CUANTO AL DERECHO

 

ATENDIDO: A que las disposiciones de lo establecido en el articulo 1 de la ley 437-06, sobre Recurso de Amparo: La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad publica, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explicita o implícitamente reconocidas por la Constitución de la libertad individual, tutelada por el Habeas Corpus.

 

ATENDIDO: A que el segundo Considerando del mismo preámbulo de la Ley 14-91 dice: ´´Uno de los medios más eficaces de la Administración Pública es que se garantice adecuados procedimientos de selección y estabilidad.

 

ATENDIDO: A que el artículo 2, de la Ley 14-91, prevé: Las disposiciones referentes al Servicio Civil se aplicarán a partir de la promulgación de la presente ley a todos los servidores públicos, excepto a los indicados en el artículo 2.

 

ATENDIDO: A que se puede observar en la parte final del artículo 1, de la Ley 14-91, que también se aplicará la presente ley a todo organismo que dependa directamente del Poder Ejecutivo.

 

ATENDIDO: A que el artículo 28, de la Ley No. 14-91, expresa: Los empleados de carrera y aquellos con diez (10) años o más de servicio ininterrumpido en la Administración Pública, y que no califiquen para recibir la correspondiente jubilación digna, que sean separados del servicio en forma injustificada o por haber sido suprimido su cargo, tendrán derecho a recibir una indemnización económica equivalente al sueldo de un (1) mes por cada año de trabajo o fracción superior a seis (6)meses, sin que pueda exceder del salario de un año. Dicha indemnización será pagada inmediatamente con cargo al presupuesto del organismo que produjo la separación del servicio, en base al monto nominal del último sueldo devengado de personas y bienes.

 

ATENDIDO: A que el artículo 29, de la referida norma legal establece: Con la finalidad de que los miembros del servicio civil y la carrera administrativa tengan la protección y asistencia que les reconocen principios del derecho internacional, de los cuales el Estado Dominicano es signatario, se adecuará la legislación social vigente en el país a los tratados, recomendaciones y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre las condiciones de empleo, seguridad social y conquistas económicas, así como otras normas que se consideren pertinentes.

 

ATENDIDO: A que la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 8, Parte Capital, establece: se reconoce como finalidad principal de estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden público, el bienestar general y los derechos individuales.

 

ATENDIDO: A que la protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona humana, consagrados por la Constitución de la República, constituye uno de los fines esenciales del Estado en toda sociedad organizada, ya que sólo a través del respeto y salvaguarda de dichas prerrogativas constitucionales, puede garantizarse el estado de convivencia pacífica que resulta indispensable para que cada ser humano alcance la felicidad, y con ella, la completa realización de su destino.

 

ATENDIDO: A que es necesario precisar que los Estados Democráticos, deben regirse por los principios de transparencia en sus gestiones públicas y así las personas puedan gozar de los derechos consagrados en la ley, como es el derecho a la indemnización, conforme lo establece el artículo 28, de la ley 14-91, Que Crea el Servicio Civil y la Carrera Administrativa.

 

ATENDIDO: Que la Convención interamericana, en su artículo 25.1 consagra el Recurso de Amparo al indicar, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo antes los jueces o tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, por lo que el recurso de amparo ha sido consagrado por la ley 437-06, como un recurso autónomo, que no requiere que se agoten los recursos administrativos, ni ningún otro, para la admisibilidad de dicho recurso, basta que se haya conculcado un derecho fundamental o la posibilidad de que pueda haber una lesión inminente.

 

ATENDIDO: A que para que el juez de amparo acoja el recurso, es necesario que se haya conculcado un derecho fundamental o que exista la posibilidad de que se va a conculcar; que en la especie, se puede determinar que realmente existe una violación a un derecho fundamental, que es el derecho a una indemnización, como sucede en el caso ocurrente y ese derecho ha sido violado flagrantemente por los Ministerios de Hacienda y Las Fuerzas Armadas la Policía Nacional por intermedio del Ministerio de Interior y Policía

 

ATENDIDO: A que en la presente acción de amparo, es preciso advertir que corresponde a los jueces asegurar un juicio imparcial y de igualdad de las partes, aún cuando una de las partes sea el Estado Dominicano; es por ello que la Constitución, ha establecido, como un principio la igualdad de todos ante la ley, sin excluir al Estado; en efecto, los órganos jurisdiccionales deben proteger los derechos conculcados, porque lo que en verdad importa en el amparo, es si el acto, hecho u omisión reviste o no, manifiesta iletigimidad lesiva para la esfera de los derechos constitucionales del demandante. Si la potestad pública cuestionada fue legítimamente ejercida no precisara de ninguna tutela por parte de la justicia porque no existirá violación, que si por el contrario la ha habido, lejos de preservarla, la justicia podrá y deberá neutralizarla suministrando protección al particular afectado (casi Treinta y Cinco mil miembros (35,000) de la Policía Nacional y Politur, unos Veintisiete mil (27,000) miembros del Ejercito Nacional, unos Dieciocho mil (18,000) miembros de la Marina de Guerra, unos Ocho mil (8,000) miembros de la Fuerza Aérea Dominicana).

 

ATENDIDO: A que el artículo 1, de la Ley 437-06, que establece el recurso de Amparo, establece: La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explicita o implícitamente reconocidas por la Constitución.

 

ATENDIDO: A que el artículo 4, de la referida Ley de Amparo prevé: La reclamación de amparo constituye una acción autónoma, que no podrá suspenderse o sobreseerse para aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial, de la naturaleza que fuere; ni tampoco se subordina al cumplimiento de formalidades previas, o al agotamiento de otras vías de recurso o impugnación establecidas en la ley para combatir el acto u omisión que pretendidamente ha vulnerado un derecho fundamental.

 

ATENDIDO: A que el artículo 13, de la misma ley dice: Una vez recibida la solicitud de amparo, el juez apoderado dictará, en un plazo mayor de tres (3) días, autorizando al solicitante a citar al presunto agraviante a comparecer a la audiencia que tendrá lugar para conocer los meritos de la reclamación. Y el Párrafo del mismo artículo establece: La fecha de dicha audiencia deberá señalarse expresamente en el auto y tendrá lugar dentro de los cinco (5) días, de su emisión, resultando indispensable que se comunique a la otra parte, copia de la demanda, y de los documentos que fueren depositados con ella, por lo menos con un (1) día franco antes de la fecha en que se declare la audiencia.

Por tales motivos, el suscrito NEMEN NADER RODRIGUEZ, de generales que constan, por conducto de sus abogados apoderados tiene a bien solicitar lo siguiente:

 

PRIMERO: ADMITIR EL RECURSO DE AMPARO, por haber sido instaurado conforme a la Ley de la materia.

 

SEGUNDO: DICTAR AUTO, fijando audiencia y autorización a citar a los Ministros de Hacienda, Fuerzas Armadas Interior y Policía y Policía Nacional., a fin de que comparezca para reconocer los meritos de la presente reclamación.

 

TERCERO: LUEGO DE COMPROBAR, Y DECLARAR, la existencia de la violación al derecho fundamental del los Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, como es ser incluidos en los aumentos salariales y beneficios marginales al igual que todos los servidores públicos, que por mandato del artículo 28, de la Ley 14-91, Sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, le corresponde ORDENAR a los Ministerios de Hacienda, Fuerzas Armadas, Interior y Policía y Policía Nacional Los aumentos correspondientes al igual que todos los servidores públicos, por concepto de la indemnización, que por mandato de la Ley les corresponde .

 

CUARTO: CONDENAR al Estado Dominicano y a los Ministerios de Hacienda, Fuerzas Armadas, Interior y Policía y Policía Nacional como instituciones vinculadas a la violación de los derechos de los ciudadanos para los cuales se realiza la reclamación del aumento salarial, que se le imponga el pago de de un astreinte de DIEZ MIL PESOS (RD$10,000.00), por cada día de retardo a cada uno de los Ministerios envueltos en el presente proceso.

 

QUINTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana a los Veintiocho (27) días del mes de Agosto del 2010.

 

NEMEN NADER RODRIGUEZ
DEMANDANTE POR:
FUNDACION DE SOLIDARIDAD CONTRA LOS CRIMENES, LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD

 

Licenciado ERNAN SANTANA
Licenciado RUBEN I. PUNTIER
Doctor YONI ROBERTO CARPIO
Doctora FRANCISCA HERNANDEZ DE CASTILLO
Licenciado JUAN A. HERNANDEZ DIAZ
Abogados Apoderados

 

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